Desde que en el año 2004,

Ángel Mario Ksheratto

Fichero Político

Castresana

Desde que en el año 2004, Alfonso Portillo, dejó la presidencia de Guatemala, se le relacionó con actos de corrupción similares a los cometidos, casi en el mismo periodo, por el exdictador Pablo Abner Salazar, aquí en Chiapas. Los tribunales guatemaltecos, corrompidos por quien es considerado el Ejecutivo más corrupto de los últimos años de aquella nación, se venían negando a aplicar la justicia, pese al cúmulo de evidencias, mismas que ni el propio Portillo pudo esconder ante la sociedad. Hubo entonces, la necesidad de crear un organismo multinacional que no solo investigase los atropellos y abusos de Alfonso Portillo, sino otros crímenes, especialmente los ocurridos durante los 36 años de guerra civil que sufrió nuestro vecino del sur.La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) tuvo varios tropiezos para que fuera aceptada por los grupos de poder político, representados en partidos y obviamente, el Congreso de la República. No obstante, las presiones de organismos defensores de los derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales, pusieron en aprietos a los diputados, quienes entre dientes, aprobaron la creación del organismo, cuya presidencia recayó en el jurista español Carlos Castresana, por mandato directo de Ban Ki-Moon, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).Ha sido la CICIG, protagonista de relevancia efectiva en varios casos que han sacudido a los chapines entre éstos, el asesinato del abogado Rosemberg, el asesinato de varios diputados salvadoreños, resolución en crímenes de guerra durante las dictaduras militares y ahora, el caso de Alfonso Portillo, quien ayer fue detenido a solicitud de las autoridades norteamericanas, bajo el cargo de lavado de más de 100 millones de dólares.¿Será necesario que en Chiapas, para que Pablo Abner Salazar pague todos y cada uno de sus delitos se deba crear una Comisión Internacional contra la Impunidad? Para nadie es secreto que el exdictador soyalteco, saqueó las arcas del erario público y por si fuera poco, se quedó con la mayor parte de los recursos públicos y donaciones particulares que se enviaron a Chiapas a raíz del desastre provocado por el huracán “Stan”. Aparte, persiguió, encarceló, secuestró y asesinó a campesinos e indígenas, a dirigentes sociales y políticos y a periodistas. Sus crímenes y abusos, sin embargo, siguen impunes, pese a que ha habido demandas penales en su contra. Él, se pasea campante por toda la entidad, dirige subrepticiamente grupos antagónicos al actual gobierno, impulsa candidaturas, media entre sus ex subalternos y amenaza con volver al poder en las elecciones próximas, ya sea por sí mismo o por uno de quienes le sirvieron de cómplices durante su nefasto gobierno. ¿Y la justicia?La Organización de las Naciones Unidas ha estado muy pendiente de lo que ocurre en Chiapas; más aún, es actor principal en las tareas que contra la pobreza, emprende el actual mandatario. Creo que sus personeros en Chiapas, deberían analizar cuidadosamente el caso, solicitar por las vías legales, copias de los expedientes contra Pablo Abner y mediar para que se cree una Comisión Internacional contra la Impunidad en Chiapas, toda vez que se hace cada vez más, necesaria para acabar con dos de los factores que en sexenios pasados, han sido culpables directos de la pobreza que hoy se ataca: la corrupción y la impunidad.Si ex presidentes de países importantes han sido llevados a los tribunales, Chiapas no puede ni debe quedar en el rezago. Los delitos de Pablo Abner son verdaderamente escandalosos, brutales; y que queden en el olvido, es una burla grotesca no solo para los chiapanecos, sino para el país entero, pues las atrocidades de dicho engendro, se cometieron al amparo de la administración que se creía, pondría coto a los abusos que provocaron el desastre del PRI. Me refiero a la presidencia de Vicente Fox Quesada, quien guardó silencio cómplice.Hay quiénes han llegado a asegurar que la impunidad a favor de Pablo Abner, se debe a que el Gobierno Federal no tiene intenciones de afectar los negocios que los hijos de la concubina de Fox, realizaron en Chiapas, durante la dictadura salazarista. No parece haber otra explicación lógica. De ahí la urgencia de crear un organismo internacional sin ligas con los grupos de poder político y económico que protegen a quienes saquearon a la entidad y siguen como si no hubiesen cometido ningún delito. ¿Habrá esa posibilidad?